El gobierno de Australia presentó un borrador de ley que busca incluir a los exchanges y plataformas de cripto dentro del marco de servicios financieros. La regulación promete mayor protección al consumidor, licencias obligatorias y multas millonarias.
Australia se prepara para un cambio trascendental en el sector cripto. El gobierno de Anthony Albanese, a través del Ministerio del Tesoro y de Servicios Financieros, presentó un borrador de ley que propone integrar a las plataformas de criptoactivos dentro del marco de los servicios financieros tradicionales.
En primer lugar, el proyecto plantea que tanto los digital asset platforms (DAPs) como las tokenised custody platforms (TCPs) sean reconocidos como nuevos productos financieros bajo la Corporations Act. De esta forma, los exchanges y custodios deberán solicitar una Australian Financial Services Licence (AFSL), lo que los obligará a operar con estándares de transparencia, honestidad y equidad.
Además, la propuesta establece sanciones severas para quienes incumplan las normas. En este sentido, las multas podrían ascender hasta AUD 16.5 millones, o bien al 10 % de la facturación anual, o incluso tres veces las ganancias obtenidas de manera ilícita, lo que resulte mayor.
Sin embargo, la regulación no afectará a todos por igual. Con el fin de no frenar la innovación, se contemplan exenciones para plataformas de bajo riesgo, es decir, aquellas que manejen menos de AUD 5,000 por cliente o transacciones anuales inferiores a AUD 10 millones. Asimismo, el borrador aclara que los usos artísticos, de entretenimiento o utilitarios de los tokens no estarán sujetos a estas obligaciones regulatorias.
Por otra parte, el gobierno abrió una consulta pública que permanecerá activa hasta el 24 de octubre de 2025, fecha límite para que empresas, inversores y ciudadanos envíen comentarios y sugerencias. Una vez concluido el proceso, se espera que el Ejecutivo presente la versión final del proyecto de ley ante el Parlamento.
Finalmente, el impacto de esta regulación podría ser doble: mientras que para los consumidores representa un avance en materia de protección y confianza, para las plataformas supone mayores costos de cumplimiento y la necesidad de adaptarse a un entorno regulado. No obstante, de aprobarse, Australia se posicionaría como uno de los países pioneros en dar un marco legal claro y robusto a la industria de los criptoactivos.
